Perder el empleo genera muchas dudas e incertidumbre. Una de las primeras preguntas que se hacen los trabajadores es si el despido es legal y qué derechos les corresponden.
No todos los despidos son iguales ni tienen las mismas consecuencias. Conocer las diferencias puede ser determinante para decidir si merece la pena reclamar y qué resultado puede obtenerse.
En este artículo explicamos los principales tipos de despido existentes en España y las posibles consecuencias de impugnarlos judicialmente.
1. El despido disciplinario
El despido disciplinario se produce cuando la empresa considera que el trabajador ha cometido un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones laborales.
Algunos ejemplos habituales son:
- Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad.
- Indisciplina o desobediencia.
- Ofensas verbales o físicas.
- Disminución continuada y voluntaria del rendimiento.
- Transgresión de la buena fe contractual.
- Acoso laboral o sexual.
En este tipo de despido la empresa no abona indemnización, aunque sí debe liquidar las cantidades pendientes, como salario, vacaciones no disfrutadas o pagas extraordinarias.
Sin embargo, el hecho de que la empresa invoque una causa disciplinaria no significa necesariamente que el despido sea válido. En muchos casos, las acusaciones carecen de pruebas suficientes o no cumplen los requisitos legales exigidos.
2. El despido objetivo
El despido objetivo se fundamenta en causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, o en determinadas circunstancias relacionadas con el propio trabajador.
Entre las causas más frecuentes encontramos:
- Pérdidas económicas o disminución persistente de ingresos.
- Cambios organizativos dentro de la empresa.
- Automatización o modificaciones técnicas.
- Ineptitud sobrevenida del trabajador.
- Falta de adaptación a cambios técnicos razonables.
A diferencia del despido disciplinario, el despido objetivo exige el pago de una indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, así como un preaviso de 15 días, salvo que se sustituya por su abono.
No obstante, muchas empresas utilizan esta modalidad sin que concurran verdaderamente las causas legales, por lo que puede ser impugnada ante los tribunales.
3. El despido colectivo (ERE)
Cuando la empresa extingue un número significativo de contratos en un periodo determinado, nos encontramos ante un despido colectivo o Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Estos procedimientos requieren el cumplimiento de estrictas obligaciones legales, entre ellas:
- Apertura de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.
- Justificación suficiente de las causas alegadas.
- Entrega de documentación económica y organizativa.
- Respeto a criterios objetivos de selección.
La falta de cualquiera de estos requisitos puede dar lugar a la nulidad del procedimiento o a la declaración de improcedencia de los despidos individuales.
¿Qué puede ocurrir si reclamas tu despido?
Una vez impugnado el despido, el órgano judicial puede declarar tres posibles resultados: procedente, improcedente o nulo.
Despido procedente
El despido será declarado procedente cuando la empresa consiga acreditar los hechos o causas alegadas y haya cumplido correctamente los requisitos legales.
En este supuesto:
- El trabajador no tiene derecho a indemnización adicional en el despido disciplinario.
- En el despido objetivo, se mantiene la indemnización de 20 días por año ya percibida.
- La relación laboral queda extinguida definitivamente.
Aunque el resultado no sea favorable, analizar previamente la viabilidad jurídica del caso permite evitar reclamaciones sin posibilidades reales de éxito.
Despido improcedente
El despido improcedente se produce cuando la empresa no logra demostrar la causa alegada o incumple las exigencias legales establecidas.
Se trata de una de las resoluciones más habituales en los juzgados de lo social.
En este caso, la empresa debe elegir entre:
- Readmitir al trabajador en su puesto de trabajo y abonarle los salarios de tramitación que correspondan en determinados supuestos.
- O indemnizarle con la cuantía legalmente prevista, actualmente equivalente, con carácter general, a 33 días de salario por año trabajado, con los límites establecidos por la ley y respetando los periodos anteriores a la reforma laboral de 2012.
Para muchos trabajadores, la declaración de improcedencia supone obtener una indemnización significativamente superior a la inicialmente ofrecida por la empresa.
Despido nulo
El despido nulo es la consecuencia más favorable para el trabajador.
Se produce cuando el despido vulnera derechos fundamentales o afecta a situaciones especialmente protegidas por la ley.
Entre otros casos, puede existir nulidad cuando el despido está relacionado con:
- Embarazo o maternidad.
- Paternidad o conciliación familiar.
- Reducciones de jornada por cuidado de hijos o familiares.
- Discapacidad o enfermedad en determinadas circunstancias.
- Discriminación por razón de sexo, edad, origen, orientación sexual o religión.
- Represalias por ejercer derechos laborales o denunciar irregularidades.
Cuando el despido es declarado nulo, la empresa está obligada a:
- Readmitir al trabajador en su puesto de trabajo.
- Abonar todos los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la efectiva reincorporación.
- Restablecer íntegramente los derechos vulnerados.
En determinados supuestos, además, puede existir derecho a una indemnización adicional por daños morales.
⏳ El plazo para reclamar es muy corto
Uno de los aspectos más importantes que debe conocer cualquier trabajador despedido es que el plazo para impugnar el despido es de tan solo 20 días hábiles desde la fecha de efectos del mismo.
Transcurrido ese periodo sin actuar, puede perderse definitivamente la posibilidad de reclamar.
Por ello, resulta esencial analizar la carta de despido y la documentación disponible lo antes posible para valorar las opciones existentes.
¿Has sido despedido? Analiza tu caso antes de tomar una decisión
Cada despido presenta circunstancias particulares que pueden modificar sustancialmente las posibilidades de éxito y la indemnización a percibir.
Un asesoramiento especializado permite determinar si la actuación empresarial ha respetado la legalidad y qué estrategia resulta más conveniente en cada situación.
Conclusión: Si has sido despedido recientemente o tienes dudas sobre tus derechos, una revisión profesional de tu caso puede ayudarte a defender tus intereses y obtener la mejor solución posible.
